A medida que se intensifican los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, la situación se torna más crítica en México. La administración estadounidense solicitó la detención provisional con fines de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve exfuncionarios por su supuesta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El 12 de mayo, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y los directores de la DEA y el FBI, Terry Cole y Kash Patel, aseguraron que las acusaciones son sólo el inicio de futuras acciones contra otros funcionarios. Durante sus comparecencias en el Congreso estadounidense, enfatizaron que el gobierno mexicano debe actuar para evitar la intervención de fuerzas estadounidenses.
Ante esta situación, el Partido Acción Nacional (PAN) en México ha propuesto la desaparición de poderes en Sinaloa, citando la crisis de gobernabilidad y seguridad en la entidad. Jorge Romero, líder del PAN, argumentó que si no hay condiciones para gobernar, debe considerarse esta acción.
Uno de los acusados, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue arrestado en Arizona. En paralelo, Enrique Díaz, otro exfuncionario con solicitud de extradición, se entregó a las autoridades estadounidenses. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha congelado cuentas de aquellos implicados, intensificando la presión financiera en este contexto.
Las advertencias y exigencias del gobierno de EE.UU. han aumentado. Hegseth instó a México a hacer más en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Cole subrayó que los funcionarios corruptos en el país son igualmente responsables de la crisis por el tráfico de drogas. La situación se complica, con EEUU demandando acciones más contundentes de su vecino del sur.
Con información de vertigopolitico.com