San Luis Potosí, San Luis Potosí. – El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de San Luis Potosí, Luis Fernando González Macías, ha concluido su gestión para asumir un nuevo rol como magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La salida formaliza un proceso de entrega-recepción de recursos, materiales y expedientes, marcando el fin de un ciclo intenso para el órgano electoral local.
El procedimiento administrativo se llevó a cabo en las oficinas de la calle Independencia, en el Centro Histórico, donde el Primer Visitador de la Fiscalía General del Estado recibió la documentación y el estado de los asuntos pendientes de González Macías. Este cambio efectivo a partir del 4 de enero representa una transición significativa en la estructura electoral del estado.
Durante sus dos años al frente de la dependencia, González Macías expresó satisfacción por el trabajo realizado, incluyendo la gestión de los procesos electorales ordinario de 2024 y extraordinario para la elección de juzgadores del Poder Judicial. Considera que la experiencia adquirida será fundamental en su nueva responsabilidad, enfocada en el análisis y resolución de posibles sanciones administrativas a nivel federal.
Al dejar el cargo, González Macías informó que quedan abiertas 14 carpetas de investigación con líneas activas y potencial de judicialización. Señaló que al asumir la titularidad en diciembre de 2023, heredó 153 carpetas, y durante su administración se resolvieron un total de 260 investigaciones.
Destacó la judicialización de dos carpetas contra particulares detenidos en 2024 por posesión de credenciales de elector, delito tipificado como libre desarrollo de la función electoral. Uno de estos casos concluyó mediante acuerdo, mientras que el otro, relacionado con un incidente en el fraccionamiento Villa Magna, está pendiente de una audiencia para formalizar un procedimiento abreviado con acuerdo reparatorio.
El exfiscal electoral precisó que las investigaciones gestionadas durante su gestión involucraron principalmente a operadores electorales, no a funcionarios públicos. Mencionó que los delitos recurrentes observados incluyen la compra de votos, el traslado de votantes a casillas y actos de intimidación, prácticas que continúan siendo objeto de atención para la autoridad electoral en San Luis Potosí.