Ciudad de México. – Diversos líderes republicanos en Estados Unidos han intensificado sus amenazas de intervención militar en territorio mexicano, argumentando que la crisis de seguridad y el narcotráfico representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. Esta postura se ha fortalecido tras recientes eventos internacionales y la persistente narrativa sobre la presunta pérdida de control del Estado mexicano en ciertas regiones.
El expresidente Donald Trump ha sido una voz prominente en esta corriente, afirmando que los cárteles de la droga ejercen un control significativo en México y cuestionando la efectividad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mantener el orden. Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que el Ejército de Estados Unidos podría ser desplegado para combatir el narcotráfico, advirtiendo que si no hay cooperación por parte de México, su administración se vería obligada a tomar acciones unilaterales.
Estas declaraciones se enmarcan en un contexto donde figuras como el secretario de Estado Marco Rubio han calificado a los cárteles como grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad de ambas naciones. Rubio ha señalado que existen zonas en México donde la autoridad real recae en manos de bandas criminales, lo que, según su perspectiva, justifica la intervención directa.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha elevado la tensión al incluir a México en una lista de países adversarios extranjeros, equiparando la amenaza del fentanilo con la de naciones como Irán, Rusia y China, y considerando las sobredosis masivas como ataques externos que requieren una respuesta firme.
Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ha denunciado que los cárteles mexicanos utilizan el flujo migratorio irregular como parte de sus operaciones delictivas y ha instado al gobierno mexicano a cumplir con las demandas de seguridad de Washington para evitar sanciones económicas.
El senador Lindsey Graham se ha destacado como promotor de legislación que permitiría el uso de la fuerza militar en México sin el consentimiento del gobierno local, argumentando que el sistema de justicia mexicano es insuficiente para contener a los delincuentes. Su propuesta busca designar formalmente a los cárteles como terroristas para legitimar incursiones armadas.
Otros funcionarios republicanos, como el secretario de Guerra Pete Hegseth, han criticado las administraciones pasadas por permitir el avance del narcotráfico y sostienen que solo la fuerza militar disuadirá a las organizaciones criminales. Este discurso se ha convertido también en una estrategia electoral para presentarse como protectores de la seguridad nacional.