La reducción presupuestal en 2026 prioriza el sistema penitenciario sobre prevención y seguridad pública. En 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enfrenta una drástica disminución de fondos, priorizando la operación del sistema penitenciario federal. Durante años, el presupuesto se ha redistribuido, enfocándose en mantener las cárceles abiertas en lugar de fortalecer otras áreas de seguridad. La reducción a aproximadamente 60 mil millones de pesos refleja una disminución significativa en comparación con los 105 mil millones de 2024, evidenciando un cambio en prioridades gubernamentales. La mayor parte de los recursos se destina a la gestión de las cárceles federales, con casi la mitad del gasto total concentrado en este rubro. La ocupación del presupuesto en actividades como vigilancia, alimentación y mantenimiento confirma que la administración penitenciaria se mantiene como la función prioritaria. Sin embargo, áreas cruciales como la prevención y atención a violencia reciben mínimos fondos, lo que plantea interrogantes sobre la estrategia de seguridad a largo plazo. Este enfoque podría limitar las acciones preventivas frente al incremento de delitos, generando preocupaciones sobre un modelo centrado en la cárcel en lugar de la prevención. Este fenómeno refleja una tendencia a consolidar recursos en la operación carcelaria, dejando en segundo plano programas de prevención. La decisión de reducir fondos destinados a la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito refleja que la política actual apuesta por el control mediante infraestructura penitenciaria en lugar de combatir las raíces de la violencia. Esto puede afectar la eficacia del combate a la delincuencia en el mediano plazo. La asignación de recursos en seguridad suele ser un indicador clave del enfoque gubernamental, y en este caso, se evidencia un reforzamiento del sistema penitenciario como pilar estratégico. La concentración del gasto en un solo rubro, mientras que áreas ese
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