Repartidores en Playa del Carmen Exigen Alto a la Extorsión Policiaca y Cobros Ilegales
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO. – Repartidores de plataformas digitales en Playa del Carmen han alzado la voz contra lo que describen como una práctica de extorsión sistemática por parte de agentes de tránsito, policías turísticos y privados que administran parquímetros. Señalan que estos cobros irregulares, que oscilan entre 200 y 500 pesos, afectan directamente sus ingresos diarios y condiciones laborales.
Los trabajadores argumentan que son multados por supuestas faltas administrativas, como estacionarse brevemente para entregar o recoger pedidos, una actividad inherente a su labor. Denuncian que estas sanciones arbitrarias no aplican con la misma severidad a los taxistas, lo que genera una clara desigualdad.
La situación se agrava al remitir sus motocicletas al corralón, implicando gastos de hasta 3 mil 500 pesos por el resguardo o 500 pesos para liberar inmovilizadores. Estas cifras representan varios días de trabajo para muchos repartidores, quienes consideran que se generan por detenciones mínimas para cumplir con sus entregas.
Integrantes de Repartidores Unidos de México expresan que la presión constante los hace sentirse más vulnerables ante la autoridad que ante la delincuencia común, evidenciando un deterioro en la relación entre los trabajadores y los cuerpos de seguridad.
Además, rechazan el cobro del 2 por ciento por el llamado “uso de infraestructura vial”, considerándolo injustificado y desproporcionado. Argumentan que motocicletas, bicicletas y repartidores a pie no generan el desgaste urbano que se les atribuye, y cuestionan que este gravamen se base en la premisa de que la mayoría de los motociclistas pertenecen a plataformas digitales, sin aplicar cargas similares a transportes de carga pesada.
En paralelo, los repartidores muestran preocupación por la prueba piloto de la reforma laboral para plataformas digitales. Aseguran no haber sido escuchados por las autoridades responsables de su implementación, cuya fase experimental está por concluir. Han entregado oficios a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al IMSS para exigir claridad y participación real en el proceso, además de la eliminación de cargas adicionales que pongan en riesgo su estabilidad económica.
La exigencia principal del movimiento es frenar las extorsiones, mantener las condiciones actuales del programa piloto y establecer un diálogo efectivo con las autoridades. Afirman que cualquier política pública dirigida al sector debe construirse con la participación de quienes sostienen diariamente el reparto urbano.