La oposición denuncia falta de transparencia, recursos retenidos a municipios y proyecciones ilusorias en el paquete fiscal aprobado por mayoría en el Congreso estatal.
El Congreso de Quintana Roo aprobó en sesión la noche del martes el Presupuesto de Egresos para 2026, en medio de críticas por su supuesta falta de transparencia y desequilibrios en la distribución de recursos. La única diputada de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, votó en contra, calificando el documento como injusto, oscuro e ilusorio.
Desde el pleno, el legislador destacó que los dictámenes económicos llegaron incompletos y sin los anexos necesarios, lo que limitó la tarea de revisión y control legislativo. Además, expresó que el presupuesto no refleja con claridad en qué proyectos o acciones se invertirá, especialmente en áreas críticas como seguridad, saneamiento y servicios básicos en municipios turísticos y urbanos.
Un análisis preliminar revela que la mayoría de los recursos destinados a obra pública tienen un bajo nivel de ejecución en años anteriores, generando dudas sobre la ejecución real del monto proyectado para 2026. Datos oficiales muestran que en 2023, solo el 33% de los recursos aprobados se ejercieron efectivamente; en 2024, el 19%; y en 2025, aproximadamente el 13%, lo que evidencia un patrón de subejercicio.
El diputado también criticó la concentración de recursos en obras de domos, que no involucran a la mano de obra local, y cuestionó la existencia de fideicomisos con escasa transparencia, como el que administra fondos de cruceristas en Cozumel. Además, alertó sobre la posible implementación de foto-multas en municipios, esquema que podría desvincular recursos municipales de los beneficios directos a la comunidad.
El análisis del presupuesto recuerda que proyectos y acciones específicas no están detallados en los anexos, ni en los informes públicos, lo cual profundiza la opacidad y limita la supervisión ciudadana. La proyección de inversión pública para 2026, aunque elevada, resulta ilusoria ante la experiencia y bajos niveles históricos de ejecución en años recientes.
Finalmente, el legislador recomendó fortalecer la participación de los constructores locales en las obras públicas y rechazó las modificaciones que facultarían al Servicio de Administración Tributaria en la vigilancia de contribuyentes, considerando vulneraciones a derechos constitucionales. La postura unánime fue votar en contra, defendiendo el principio de transparencia y equidad en el gasto público.
Este escenario refleja la preocupación por la concentración de poder y la falta de mecanismos efectivos para una gestión transparente del dinero público en la entidad, resaltando la necesidad de mayor vigilancia y participación ciudadana para garantizar obras y servicios prioritarios en beneficio de todos.