La reforma contempla concesiones, unidades eléctricas y mejoras en vialidad, con beneficios para sectores vulnerables y mayores facultades al gobierno estatal.
Con miras a transformar el sistema de transporte público en la entidad, las autoridades de Quintana Roo implementarán una nueva legislación que entrará en vigor en 2025. La reforma, que se encuentra en proceso de aprobación, busca regular las concesiones, promover la adopción de unidades eléctricas y fortalecer la gestión del transporte a nivel estatal, tras la posible transferencia de competencias desde los municipios.
El nuevo marco legal establece un período de operación de diez años para vehículos a diésel y de quince años para los autobuses eléctricos, considerando los costos y beneficios asociados a la renovación de flota. Además, está prevista la introducción de paraderos señalizados con líneas amarillas, donde se prohibirá estacionarse, primero mediante exhortos y posteriormente con multas, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir accidentes en zonas urbanas y carreteras principales. También se contemplan sanciones específicas para quienes violen las normas de tránsito, especialmente en puntos conflictivos como la carretera 307, en Cancún y Playa del Carmen.
En materia tarifaria, la tarifa base se establecerá en 18 pesos, con descuentos del 50 por ciento para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, además de algunos casos de gratuidad. La credencialización para acceder a estos beneficios comenzará en noviembre de 2024, en línea con la modernización del sistema. La adquisición de nuevas unidades y la mejora en la infraestructura vial buscan favorecer una movilidad más segura, eficiente y sustentable en el destino turístico y residencial.
Este avance en la legislación de movilidad refleja una estrategia integral para adaptarse a las nuevas demandas de movilidad urbana y promover la transición hacia tecnologías limpias, en línea con tendencias nacionales e internacionales en transporte sustentable.