Chetumal, Quintana Roo. – La denuncia de los colectivos Salvemos Mahahual y DMAS revela inconsistencias en la aplicación de criterios jurídicos por parte del Juzgado Primero de Distrito, afectando la percepción de justicia en la región. La falta de uniformidad en las resoluciones sobre el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) ha generado creciente incertidumbre legal.
En uno de los amparos, la modificación del PDU se consideró un acto administrativo eficaz en 15 días, mientras que en otros casos se trató como Ley, ampliando el plazo a 30 días. Esta contradicción no solo confunde a la comunidad, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial, esencial para el acceso a la justicia.
La comunidad local enfrenta desafíos significativos ante proyectos de gran impacto que amenazan su territorio. La disparidad en las resoluciones judiciales podría facilitar interpretaciones que favorezcan intereses empresariales sobre los derechos comunitarios, un hecho que preocupa a los habitantes de la región. Exigen un desarrollo equilibrado, con reglas claras y respeto hacia sus derechos.
En medio de esto, se espera que las autoridades judiciales tomen en cuenta estas demandas y regulen adecuadamente los procesos para garantizar una justicia equitativa. La urgencia por un marco normativo que proteja los intereses de la población y frene el abuso de poder es cada vez más clara.