La reforma al Código Penal amplía la protección legal ante conductas sexuales coercitivas, incluyendo el delito de erotismo sin consentimiento con penas aumentadas.
El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó modificaciones al Código Penal estatal que fortalecen la persecución de conductas sexuales sin consentimiento, considerando el erotismo y actos eróticos como delitos de abuso sexual. Estas reformas, impulsadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa como parte de un proceso de homologación con leyes federales, amplían la definición de abuso para incluir conductas que implican sexo o contenido sexual sin la voluntad de la víctima, tanto en espacios públicos como privados.
Entre las conductas ahora tipificadas se encuentran los tocamientos, exhibiciones forzadas, observación obligada y participación en actos eróticos en contra de la voluntad, incluyendo conductas psicológicas y simbólicas. Aunque no se define formalmente el concepto de erotismo, el nuevo marco penal equipara estas conductas a actos sexuales, abarcando desde roces y manoseos hasta la exhibición corporal no consentida.
El cambio legal también establece que la persecución del delito será de oficio, eliminando la dependencia de una denuncia directa, y prevé penas que oscilan entre 8 y 12 años de prisión, con aumentos en caso de agravantes. Además, las personas sentenciadas deberán someterse a tratamientos psicológicos para prevenir la reincidencia y facilitar su reinserción social.
Estas reformas representan un avance en la protección de víctimas de violencia sexual en Quintana Roo, reforzando la lucha contra conductas que por mucho tiempo quedaron impunes y asegurando una respuesta más efectiva del Estado ante delitos de esta naturaleza. La legislación ahora contempla un enfoque más integral y preventivo, alineándose con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
En un contexto más amplio, estas medidas reflejan la necesidad de adaptar los marcos legales ante la evolución de las formas de violencia sexual y la importancia de proteger derechos fundamentales en una sociedad cada vez más consciente de la gravedad de estas conductas.