El estado obtiene reconocimiento por su transparencia en la administración de fondos públicos, destacando su liderazgo en fiscalización nacional.
En un contexto de aumentada vigilancia en la gestión de recursos públicos a nivel nacional, Querétaro reafirma su compromiso con la transparencia y la consolidación fiscal. Gracias a una rigurosa supervisión por parte de las instituciones correspondientes, el estado ha logrado mantenerse sin observaciones en el ejercicio de fondos federales durante el período revisado. Esto se suma a los esfuerzos de la administración local, liderada por Mauricio Kuri, y a la efectiva coordinación de la Secretaría de Finanzas y la Contraloría Estatal, que han permitido mantener un control preciso sobre los recursos públicos destinados a programas sociales, infraestructura y servicios básicos.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que, en la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2024, Querétaro fue uno de los pocos estados en cumplir con los estándares de fiscalización, con resultados positivos en transpariencia y correcto ejercicio de fondos. Es importante señalar que, en total, la ASF detectó irregularidades por más de 5 mil millones de pesos en conjunto, principalmente en rubros relacionados con salud, financiamiento en zonas marginadas y gestión educativa, pero Querétaro continúa destacándose por su buena práctica en la rendición de cuentas.
Este logro adquiere mayor relevancia en un escenario donde otros estados enfrentan dificultades y observaciones pendientes. La experiencia queretana demuestra que, con buena gobernanza, la rendición de cuentas y una gestión transparente, se fortalecen las instituciones y la confianza ciudadana en las administraciones públicas. La prioridad en la fiscalización y el control del gasto público es clave para mantener la estabilidad y fomentan un desarrollo sustentable y equitativo en la región.
Por ello, el éxito de Querétaro en esta materia puede servir como modelo para otras entidades, reafirmando la importancia de fortalecer las instituciones encargadas de la vigilancia y fiscalización para garantizar el correcto uso de los recursos del pueblo mexicano.