La ausencia del estado en proyectos estratégicos de agua genera inquietud ante su creciente demanda y crisis hídrica, mientras las reformas legales buscan mayor regulación.
La reciente presentación del Plan Nacional Hídrico 2025-2030 reveló que Querétaro no forma parte de los 17 proyectos prioritarios establecidos por el gobierno federal para atender la crisis de agua en el país. Aunque existen reformas legales propuestas para fortalecer el control y sancionar prácticas ilegales relacionadas con el recurso, la omisión del estado en estos proyectos genera preocupación, especialmente considerando sus desafíos en disponibilidad y calidad del agua. La normativa federal contempla penas severas para delitos como la venta ilegal y el uso no autorizado del líquido, con multas y hasta una década de prisión, buscando frenar abusos que afectan a comunidades y ecosistemas. El contexto actual indica que, pese a la urgente necesidad de acciones coordinadas, la prioridad en la agenda nacional aún no incluye plenamente a Querétaro, lo que podría retrasar soluciones en un momento de rápido crecimiento urbano y presión hídrica. La armonización legal y la inversión prevista en otros sectores reafirmarían la importancia de una gestión integral, para garantizar el acceso sustentable al recurso en los próximos años.