La Fiscalía General del Estado desarrolla un plan estratégico para fortalecer la atención a derechos humanos y mejorar la justicia en la región.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro ha lanzado un innovador programa de derechos humanos, posicionándose como la segunda dependencia judicial en México en contar con esta herramienta. El objetivo principal es orientar la actuación de los servidores públicos en los procesos de investigación y persecución de delitos, garantizando un enfoque más sensible y respetuoso de los derechos fundamentales.
El plan fue elaborado con la colaboración de 127 expertos, incluyendo académicos, activistas y representantes de organizaciones civiles, quienes aportaron más de 190 recomendaciones en diversos foros especializados. El programa se estructura en seis áreas estratégicas y contempla 90 líneas de acción, con una vigencia establecida hasta 2033. Su implementación apunta a promover decisiones institucionales con mayor sensibilidad social, rigor técnico y un compromiso de servicio público genuino.
Este avance destaca en el contexto nacional como un ejemplo de compromiso institucional hacia una justicia más transparente y orientada a los derechos humanos. La relevancia de esta iniciativa radica en responder a las demandas sociales y fortalecer la confianza en las instituciones judiciales, además de alinearse con las tendencias internacionales de protección y promoción de los derechos en ámbitos estatales y federales. La creación de dicho programa refleja una visión de largo plazo destinada a impulsar transformaciones profundas en el sistema judicial de la región.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, destacó que durante 2025 las quejas relacionadas con derechos humanos disminuyeron un 15%, y confió en que esta iniciativa institucional contribuyan a facilitar el acceso a la justicia, mejorar el desarrollo profesional y fortalecer la cultura de respeto a los derechos. En tanto, actores civiles y expertos en derechos humanos consideran que la estrategia potenciará la transparencia y la planificación efectiva en la procuración de justicia, promoviendo un ambiente de mayor confianza y protección para la ciudadanía.
La relevancia de esta implementación radica en su potencial para marcar un precedente nacional, estableciendo un estándar en la incorporación de derechos humanos en los procesos judiciales y consolidando un Estado de Derecho más justo y responsable.