A pesar de la aprobación oficial del presupuesto, las fuerzas políticas mantienen el diálogo para posibles ajustes antes de su dictamen final.
El Congreso de Querétaro dio luz verde al Paquete Fiscal 2026 tras la aprobación del dictamen en una sesión en la que aún permanece abierta la posibilidad de realizar modificaciones. Aunque el documento fue aprobado sin cambios durante la tarde, los legisladores continúan en diálogo para ajustar detalles antes de su aprobación definitiva, asegurando un proceso transparente y participativo.
El presupuesto propuesto asciende a 64 mil 617 millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 91% está destinado a gasto social, incluyendo áreas clave como educación, salud, seguridad y apoyo a municipios. Dentro de estos rubros, la inversión en educación y cultura se destaca con 20 mil 157 millones de pesos, reflejando un incremento sostenido en los recursos para instituciones educativas, como la Universidad Autónoma de Querétaro, que recibirá 1,525 millones de pesos, un aumento del 13%. Además, se asignan fondos para infraestructura, movilidad y desarrollo económico, mostrando un enfoque equilibrado en proyectos sociales y de infraestructura.
El plan de financiamiento se basa en recursos federales, estatales y propios. De los 48 mil 638 millones de pesos en ingresos federales, el 18% proviene de ingresos estatales y un 7% de financiamiento propio, resultado de una estrategia de disciplina financiera que permitirá blindar las finanzas públicas y reducir la deuda estatal, la cual se espera liquidar completamente en 2026.
Este presupuesto refleja una orientación hacia el fortalecimiento de servicios esenciales y la inversión en las necesidades sociales de la población, además de una política fiscal responsable que evita generar nuevas cargas tributarias, salvo actualizaciones por inflación. La existencia de un fondo de contingencias de 60 millones de pesos también garantiza una red de seguridad ante imprevistos futuros, mientras que las transferencias a municipios aumentarán en 704 millones para superar los 10 mil millones de pesos en apoyo a las administraciones locales.
El contexto de esta aprobación se inscribe en un escenario en que las finanzas públicas mexicanas enfrentan retos constantes, como la inflación y la necesidad de mantener la estabilidad fiscal. La agenda gubernamental prioriza agendas sociales y la gestión eficiente de recursos, en línea con el compromiso de la administración estatal de responder a las demandas sociales y garantizar una distribución equitativa de recursos públicos.