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El notariado de Querétaro busca fortalecer su institucionalidad y servicio social

El Consejo de Notarios de Querétaro impulsa una política de fortalecimiento, innovación tecnológica y servicios sociales para mejorar la eficiencia y cercanía con la ciudadanía.

Por Redacción1 min de lectura
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El Consejo de Notarios del Estado de Querétaro trabaja en fortalecer su estructura institucional mediante una política de fortaleza que promueve la colaboración con el gobierno y la ciudadanía. Un enfoque clave es la creación de mesas de conciliación entre las autoridades y los notarios, que buscan agilizar trámites y reducir conflictos burocráticos, mejorando la atención al ciudadano. La iniciativa surge en un contexto donde el gremio enfrenta críticas y sospechas por retrasos y errores en los procesos, pero apuesta por la innovación tecnológica y la automatización para elevar su eficiencia.

Este esfuerzo de modernización no solo responde a la necesidad de optimizar procesos, sino que también refleja un compromiso con la sensibilidad social y la prestación de servicios notariales más cercanos y humanitarios. La propuesta incluye jornadas de salud y servicios gratuitos para comunidades vulnerables, alineándose con la función social del notariado, más allá del ámbito profesional. Además, el consejo enfatiza la importancia de contar con herramientas digitales y protocolos homogéneos para garantizar la seguridad jurídica y mejorar la percepción pública.

El liderazgo de Luis Eduardo Tinoco, aspirante a presidir el Consejo de Notarios en 2026 y 2027, busca consolidar un gremio unido y preparado para los retos del siglo XXI. Destaca que la innovación, la transparencia y la cercanía serán pilares en su gestión, con el objetivo de que el notariado sea un servicio público confiable y eficiente en Querétaro.

En un contexto nacional, esta transformación puede ser un ejemplo de cómo los profesionales del sector notarial se adaptan a la era digital, fortaleciendo su papel social y su relación con las instituciones públicas y la ciudadanía. La apuesta por tecnología y servicios sociales posiciona al Estado como un ejemplo de modernización y responsabilidad social en el ámbito jurídico.

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