Colecivo de jueces solicita al Órgano de Administración Judicial cumplir con obligaciones constitucionales tras separaciones sin procedimientos claros en 2024.
En un contexto de cambios significativos en el Poder Judicial de la Federación, un grupo de jueces federales reclama el cumplimiento de un pago extraordinario establecido en la Constitución y la ley tras ser removidos de sus cargos sin evaluaciones ni procedimientos disciplinarios. La solicitud se fundamenta en el reconocimiento de derechos adquiridos ante un cese masivo ocurrido en 2024, cuando muchos servidores judiciales fueron separado de manera abrupta y sin justificación formal.
Desde hace semanas, las y los judiciales han reclamado transparencia respecto a los criterios y procesos para la distribución de estos recursos, además de cuestionar la falta de respuestas claras por parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ). La comunicación oficial reciente indicó que el pago sería realizado mediante transferencia electrónica a partir del 27 de noviembre, sin embargo, las dudas sobre la inclusión de todos los beneficiarios y el cálculo exacto del monto persisten, generando inseguridad jurídica entre los afectados.
La situación adquiere mayor relevancia considerando que, más allá del carácter económico, estos pagos constituyen una obligación constitucional que garantiza derechos laborales tras el cese abrupto y masivo del personal judicial. La necesidad de asegurar estos derechos se vuelve crucial en momentos donde la institucionalidad enfrenta desafíos y cuestionamientos, ya que demuestra la importancia de respetar las normas jurídicas y mantener la confianza en el Estado de derecho.
Además, las y los jueces han denunciado restricciones en el acceso a oficinas y en la comunicación con las autoridades del OAJ, lo que limita su derecho a la participación y a obtener información oficial. La falta de diálogo efectivo y transparente puede afectar la percepción de imparcialidad y el compromiso del Poder Judicial con sus servidores, aumentando la tensión social y la incertidumbre judicial. La insistencia en el cumplimiento cabal de las disposiciones constitucionales busca fortalecer el respeto institucional y la protección de los derechos adquiridos.