Se identifican 40 inconsistencias y un posible uso discrecional de 700 millones de pesos en el presupuesto municipal para 2026, generando cuestionamientos sobre la transparencia financiera.
La formulación de la Ley de Ingresos del municipio de Querétaro para el año 2026 presenta varias irregularidades que merecen atención. Tras una revisión exhaustiva, fueron detectadas al menos 40 inconsistencias relacionadas con proyecciones y disposiciones económicas, lo que ha provocado preocupaciones sobre la correcta administración de recursos públicos. Entre los hallazgos, destaca una diferencia de aproximadamente 700 millones de pesos entre la recaudación prevista y los ingresos históricos recientes, lo que sugiere la existencia de fondos que podrían ser utilizados de manera discrecional sin pasar por los canales habituales del ayuntamiento.
Este diferencial plantea un escenario en el que las autoridades podrían disponer de recursos adicionales para fines diversos, incluyendo posibles agendas electorales o gastos no etiquetados formalmente. Además, se identificó la posibilidad de que se cancelen adeudos fiscales mediante supuestos cambios en la situación jurídica de las empresas, una práctica que, si no se regula con precisión, puede facilitar la evasión fiscal. También salieron a la luz facultades significativamente amplias para condonar o eximir contribuciones, que podrían contravenir principios constitucionales respecto a la equidad tributaria y la transparencia en la gestión pública.
Por otra parte, la ley contempla la continuación de un cobro considerado inconstitucional por la Suprema Corte en relación con el Derecho de Alumbrado Público, por lo que se anticipa una revisión formal para corregir esta situación. La autoridad fiscal del estado planea revisar estos aspectos en el contexto de una auditoría que incluirá también los municipios de Corregidora, San Juan del Río y El Marqués, con la finalidad de garantizar una gestión financiera clara y responsable. La detección de estas irregularidades refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar malversación y promover una mayor transparencia en las finanzas públicas de la región.