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Querétaro

Diputados buscarán modificar la iniciativa presidencial sobre la Ley de Aguas

La iniciativa de Ley de Aguas será modificada por legisladores para garantizar derechos históricos y apoyar al sector agrícola, tras inquietudes del sector rural.

Por Redacción1 min de lectura
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El legislador Ricardo Monreal informó que se estudiarán cambios para preservar derechos adquiridos en concesiones y garantizar el acceso al agua en la tierra.

Tras la propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una nueva Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, la comunidad legislativa trabaja en ajustar estos cambios para atender las preocupaciones del sector agropecuario. La iniciativa original contempla nuevas reglas para otorgar concesiones de agua, incluyendo requisitos para su transmisión y prórrogas, lo que ha generado inquietudes sobre la seguridad jurídica de los derechos de los productores rurales y la valoración de las tierras.

En un análisis interno, algunos legisladores han señalado la importancia de mantener la transmisión de concesiones —junto con la tierra— como un derecho adquirido, vital para el comercio y la herencia de propiedades agrícolas. Además, buscan asegurar que las parcelas con derechos de riego mantengan sus volúmenes y características originales, ya que estos elementos son esenciales para la productividad del campo y la capacidad de los productores para acceder a créditos.

Este esfuerzo legislativo también responde a la necesidad de equilibrar la protección del recurso hídrico con los derechos de los productores, garantizando la continuidad del uso del agua en las actividades agrícolas tradicionales. La propuesta en discusión busca fortalecer las garantías jurídicas y prevenir que las modificaciones afecten la economía rural en diferentes regiones del país.

En este contexto, el senador Ricardo Monreal informó que entregó un listado de propuestas al titular de Conagua para que sean consideradas en el proceso de dictamen. Se espera que, con estos ajustes, se pueda lograr un consenso que beneficie tanto la regulación hídrica como los derechos de los productores rurales, promoviendo una gestión del agua más justa y sustentable.

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