La iniciativa busca prevenir que personas con pendientes por alimentos ocupen puestos en la administración pública, garantizando derechos básicos para menores.
En un esfuerzo por fortalecer los valores éticos en la función pública, las autoridades de Querétaro trabajan en una iniciativa que revocaría el acceso o permanencia en cargos del Estado a quienes tengan incumplimientos en obligaciones alimentarias. La propuesta, que modifica la Ley de los Trabajadores del Estado, pretende asegurar que servidores públicos y representantes políticos tengan un alto estándar de responsabilidad, especialmente en aspectos relacionados con la protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
Este proyecto legislativo surge en medio de estadísticas que indican que cerca del 35% de los procesos en juzgados familiares en Querétaro están relacionados con obligaciones alimentarias incumplidas, evidenciando la gravedad del problema y la necesidad de establecer medidas que fomenten la responsabilidad social y ética en el sector público. La iniciativa también contempla restringir el ingreso y la continuidad en cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de órganos autónomos y municipios, enfatizando que el cumplimiento de obligaciones alimentarias es un indicador de integridad.
Es importante destacar que esta propuesta se enmarca en una tendencia nacional de promover la responsabilidad social en servidores públicos, garantizando que quienes ocupan cargos oficiales actúen con transparencia y compromiso con la ciudadanía. La aprobación de esta ley fortalecería la confianza en las instituciones y aseguraría que los derechos básicos de los menores en situación de vulnerabilidad sean protegidos por quienes los representan y sirven en el gobierno.