El edil de Corregidora busca adaptar la oferta de servicios hídricos a futuras normativas tras propuestas federales y mantiene una buena relación con la CEA.
El gobierno municipal de Corregidora, en Querétaro, continúa analizando cómo integrar las futuras modificaciones en el marco legal del agua potable, en respuesta a la propuesta de una nueva Ley General de Aguas impulsada en la cámara federal. Este cambio legislativo busca reforzar el papel de los municipios en la gestión del recurso, reafirmando la responsabilidad del servicio en el marco constitucional.
Para la administración local, mantener la colaboración actual con la Comisión Estatal de Aguas (CEA) resulta fundamental. Aunque aún no se tienen estimaciones exactas sobre el impacto financiero que podrían generar estos ajustes, la intención es mantener una relación constructiva y ajustar procesos conforme a las nuevas regulaciones. La colaboración con la CEA, que ha sido buena en los últimos años, se considerará una prioridad durante el proceso de adaptación, procurando garantizar la continuidad en la provisión de agua para la población.
Este enfoque refleja que los municipios están atentos a los cambios constitucionales y legales, buscando equilibrar las nuevas obligaciones normativas con las necesidades locales y la eficiencia del servicio hídrico. La propuesta federal busca reforzar la participación municipal sin desmantelar los esquemas existentes, promoviendo un modelo más cercano y responsable con las comunidades.