El proyecto contempla un nuevo marco legal, mayor coordinación institucional y medidas para combatir la creciente problemática de extorsiones en el país.
En un esfuerzo por fortalecer la lucha contra la extorsión en México, se presentó una iniciativa de ley que busca establecer un tipo penal único, con penas de seis a quince años de prisión y multas que pueden superar los 50 mil pesos. La propuesta reconoce que, pese a una reducción en otros delitos, la extorsión ha experimentado un aumento significativo, alcanzando un promedio de más de 20 casos diarios en los últimos años.
Además, se propone la creación del Centro de Atención a Denuncias de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la finalidad de facilitar la denuncia, el registro y el seguimiento de casos mediante un número único de atención telefónica. Este centro centralizará la atención y trabajará en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública para monitorear patrones delictivos y prevenir nuevas víctimas mediante herramientas tecnológicas y análisis de datos.
La iniciativa también prevé fortalecer las unidades especializadas en contra del secuestro y extorsión, integrando recursos y personal para actuar en los casos con mayor eficacia. La autoridad federal asumirá la investigación, persecución y sanción del delito, sin restar responsabilidades a las entidades locales, garantizando una reacción coordinada en todo el país. La propuesta incluye medidas para evitar que las extorsiones se realicen desde centros penitenciarios, reforzando los controles y la inteligencia bancaria y tecnológica para judicializar las investigaciones.
Esta iniciativa refleja un compromiso del gobierno por mejorar el marco legal y las capacidades institucionales para enfrentar una problemática que ha ido en aumento en los últimos años, buscando reducir la incidencia y proteger mejor a la ciudadanía.