La legislación propuesta busca proteger a los compradores pero deja fuera regulaciones esenciales que afectan la seguridad jurídica en las transacciones. En el contexto del mercado inmobiliario en Nuevo León, se encuentran en discusión propuestas legislativas para reforzar la regulación de las preventas y evitar fraudes. Sin embargo, expertos en la materia señalan que estas iniciativas han omitido elementos fundamentales relacionados con la comercialización y la protección legal, lo que podría generar vulnerabilidades tanto para los consumidores como para los profesionales del sector. Una de las principales preocupaciones es que la ley en revisión no contempla adecuadamente normativas existentes, como la Norma 247 de la Procuraduría Federal del Consumidor, que regula prácticas de protección al consumidor en procesos de preventas. Además, la figura de “ofertas de compra” en el nuevo esquema puede dejar a los compradores en situación de indefensión, dado que no garantiza un contrato formal de obligaciones para ambas partes, aumentando el riesgo de retrasos o incumplimientos en los proyectos inmobiliarios. Por otro lado, se advierte que la iniciativa no considera los lineamientos de la Ley Antilavado, bajo los cuales los profesionales inmobiliarios y las empresas del ramo son considerados sujetos vulnerables en operaciones de lavado de dinero. La omisión de estos aspectos podría limitar la efectividad del marco regulatorio y dejar sin protección a los usuarios. Los actores del sector han manifestado su intención de participar activamente en las mesas de trabajo con los legisladores, a fin de aportar su visión y asegurar que la regulación cubra todos los aspectos necesarios para fortalecer la confianza en las preventas. La intención es crear un esquema que combine protección legal, transparencia y seguridad jurídica para todas las partes involucradas, promoviendo un mercado inmobiliario más íntegro y fiable. Este debate surge en un momento en que la demanda de vivienda
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