Nuevo León ha dado un paso significativo hacia la equidad laboral con la reciente reforma al Artículo 7 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, oficializada el 4 de mayo de 2026. Esta reforma redefine los procesos de contratación, estableciendo requisitos claros para evitar la selección injusta en empresas y comercios.
La actualización amplía el catálogo de conductas discriminatorias y enfoca especialmente su impacto en el campo laboral. Obligando a los departamentos de Recursos Humanos a justificar cada requisito de sus vacantes, la ley considera cualquier exigencia que no esté relacionada de manera directa con las funciones laborales como un acto discriminatorio.
Entre las principales modificaciones, la reforma prohíbe requisitos opacos que puedan estar basados en prejuicios con respecto a la edad, la apariencia o el origen escolar de los candidatos. Además, establece una política clara de igualdad salarial, que elimina las diferencias sin justificación en las remuneraciones para trabajos equivalentes, abordando así la brecha de género.
Sumado a lo anterior, la ley garantiza el acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo profesional sin restricciones injustas, y protege los derechos reproductivos de los trabajadores, asegurando que las decisiones sobre maternidad no sean un factor de discriminación en el empleo.
El Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación supervisará el cumplimiento de estas normativas. Las empresas que incumplan la ley podrían enfrentar sanciones que incluyen cursos de capacitación obligatoria, compensaciones económicas a las víctimas y la obligación de informar públicamente sobre sus violaciones a la normativa.
Con información de adn40.mx