La iniciativa busca blindar legalmente el parque ante riesgos de privatización tras el caso de la osa Mina, con apoyo de autoridades estatales y federales.
En un esfuerzo por preservar la integridad del parque La Pastora en Nuevo León, una figura clave del Congreso local ha presentado una propuesta que busca elevar su protección legal. La iniciativa surge después de que el incidente del maltrato a la osa conocida como Mina pusiera en evidencia vulnerabilidades en la gestión y protección del espacio natural. Actualmente, el parque está clasificado como Área Natural Protegida estatal con categoría de Parque Urbano, desde 2009. Sin embargo, esta categoría limita su protección y abre la posibilidad de cambios en su uso, especialmente en una región donde la presión por desarrollo inmobiliario ha sido constante. La propuesta contempla actualizar su estatus a Parque Natural Estatal, lo que restringiría actividades a conservación, investigación y educación ambiental, impidiendo su transformación en un proyecto con fines comerciales. La iniciativa también aboga por un blindaje doble, incluyendo la jurisdicción federal en zonas bajo supervisión federal, como el Río La Silla y una Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre en ese área. La presión ciudadana ha jugado un papel fundamental, ya que firmas y activistas lograron rescatar a Mina tras la denuncia pública que despertó un debate sobre la protección de los recursos naturales. La involucración de la ciudadanía evidencia la necesidad de acciones institucionales firmes, que garanticen la protección de estos espacios para las generaciones futuras, en un contexto de amenazas persistentes de desincorporación y cambios en el uso de suelo.