La Fiscalía de Jalisco solicita formalmente la entrega del empresario para que enfrente la justicia en su país
Carlos “N”, quien fuera director de Yox Holding, fue deportado desde Estados Unidos a Venezuela tras su arresto en Las Vegas el 24 de abril pasado. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha presentado una petición formal ante la Fiscalía General de la República para gestionar su extradición. La petición busca que el empresario sea entregado a las autoridades mexicanas y pueda enfrentar las acusaciones en territorio nacional.
A pesar de que el empresario fue llevado a Venezuela, las autoridades de Jalisco mantienen su postura de que debe comparecer ante la justicia local. Esto se debe a que las primeras denuncias en su contra fueron presentadas en enero de 2024 en esta entidad, donde también se activó la alerta roja que condujo a su captura. La fiscalía insiste en que la jurisdicción correspondiente para los delitos en los que está involucrado es Jalisco, y remarca la importancia de que enfrente la justicia en México.
Se recomienda precaución ante las estafas en viajes turísticos contratados por internet, ya que la situación del caso de Yox Holding ha alertado a la ciudadanía sobre posibles fraudes asociados a esquemas financieros y de inversión. La fiscalía hace un llamado a la población a mantenerse vigilante y verificar la legalidad de las operaciones antes de realizar transacciones.
El caso de Yox Holding ha generado un impacto considerable en la región, debido a la magnitud del presunto fraude y las consecuencias para miles de víctimas. Hasta la fecha, se han abierto más de mil 547 carpetas de investigación relacionadas con este asunto. El fraude se calcula en más de 1,888 millones de pesos, afectando a aproximadamente 3,675 personas que vieron sus ahorros y recursos comprometidos en un esquema ilícito. Esto lo convierte en uno de los escándalos financieros más relevantes en la historia de la entidad.
Tras las investigaciones iniciales, la Fiscalía del Estado realizó dos cateos en inmuebles vinculados con la empresa. Uno fue en la colonia Providencia, donde se encontraba la sede principal de Yox Holding, y otro en Arcos Vallarta. Estas diligencias tenían como finalidad localizar indicios relacionados con las denuncias presentadas en contra de la compañía. La fiscalía busca que ni la distancia ni las fronteras detengan la justicia, por lo que continúa con las acciones para esclarecer los hechos y obtener pruebas que sustenten las acusaciones.
En otro caso, las autoridades de Jalisco están investigando un presunto fraude adicional. Jesús Alberto “N”, propietario de una cadena de laboratorios en Tonalá, está siendo señalado por posibles delitos de fraude millonario a empresas arrendadoras en Jalisco y otros estados.
El dueño del Laboratorio Glio, SA de CV, enfrenta acusaciones por defraudar a siete arrendadoras en Jalisco, además de en Nuevo León y la Ciudad de México. La suma de los daños supera los 100 millones de pesos. La empresa está envuelta en múltiples demandas civiles y mercantiles relacionadas con deudas, además de investigaciones por posibles estafas vinculadas a la adquisición de equipo médico y créditos otorgados sin pago.
Las autoridades recibieron más de una docena de denuncias contra este empresario, quien habría solicitado créditos millonarios, incluyendo uno por 60 millones de pesos, con la finalidad de expandir su negocio y comprar equipo médico. No obstante, las investigaciones señalan que se habría esfumado con los recursos y el material, dejando deudas y creando una empresa fantasma.
Las víctimas, tanto particulares como empresas, están exigiendo justicia ante lo que parece ser un esquema de fraude premeditado. La página web de Laboratorio Glio ya está inhabilitada y sus redes sociales cerradas, lo que evidencia la posible quiebra y el intento de ocultar sus operaciones fraudulentas.
El caso continúa en proceso, y las autoridades trabajan para esclarecer todas las irregularidades y llevar a los responsables ante la justicia. La situación ha puesto en evidencia la necesidad de mayor regulación y vigilancia en los esquemas financieros y de inversión en la región para proteger a la ciudadanía de posibles fraudes.