Ciudad de México. - La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó el 16 de octubre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León por la presunta triangulación de 7 mil 200 millones de pesos hacia empresas y un despacho jurídico vinculado al gobernador Samuel García y su padre. El informe de la Cuenta Pública 2025 revela detalles de estas operaciones financieras desde el presupuesto estatal, sugiriendo que el mandatario pudo haber adquirido una propiedad valuada en mil millones de pesos.
La ASF identificó en su investigación cuatro transferencias clave, destacando que 928.13 millones de pesos habrían sido dirigidos a un despacho jurídico relacionado con Samuel García. Un esquema financiero también detalló que el gobierno estatal transfirió 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que luego redistribuyó 5 mil 154.6 millones a otra empresa, la cual entregó 385.3 millones al despacho mencionado.
Además, una comercializadora recibió 964 millones de pesos, de los cuales 237 millones fueron destinados a una firma de alimentos. Esta última transfirió 202.9 millones al mismo despacho jurídico. La ASF también documentó otra transferencia de 243 millones de pesos a una firma de servicios, que pagó 65.5 millones a una consultoría que posteriormente canalizó parte de esos fondos al despacho.
El auditor Aureliano Hernández explicó que también se han identificado esquemas de triangulación en Sinaloa, donde la Auditoría está investigando contratos adjudicados a una constructora vinculada a los hijos del exgobernador Rubén Rocha Moya.
La denuncia ahora será revisada por la FGR, que determinará los próximos pasos en este proceso legal.
Con información de proyectopuente.com.mx