La relación del exgobernador con empresarios ligados al narco y su influencia en la explotación minera polémica en la provincia patagónica.
En la provincia de Río Negro, las conexiones entre el expresidente del Senado Alberto Weretilneck, el empresario Fred Machado y el negocio de extracción de arenas silíceas vuelven a estar en el centro del debate político y judicial. Las evidencias indican que, en abril de 2019, Weretilneck recibió en la gobernación a Machado, quien posteriormente obtuvo concesiones para explotar canteras en una zona donde planificaba un lucrativo emprendimiento minero destinado a suministrar materiales para el fracking en Vaca Muerta. Este proceso incluyó el desmantelamiento de tomas en el valle, en una acción que favoreció los intereses del empresario, primo de Machado por línea materna.
Paralelamente, las autoridades provinciales facilitaron que la firma de Machado adquiriera derechos sobre varias canteras, con el actual dueño, Claudio Ciccarelli, operando en el área y acumulando fortuna. Ciccarelli, señalado por diversos actores políticos y judiciales, mantiene vínculos con figuras relacionadas al narcotráfico y grupos económicos vinculados al sistema político local. La cercanía de estos empresarios con dirigentes nacionales y la influencia en decisiones públicas generan preocupación sobre la transparencia y legalidad en los procesos de concesión y explotación.
El entramado adquiere mayor relevancia en el contexto político actual, dado que figuras cercanas al exgobernador Weretilneck, como Andrea Confini —actualmente en cargos en YPF y con vínculos con Javier Milei—, evidencian una red de relaciones que trascienden lo económico y afectan decisiones de Estado. La participación de abogados y funcionarios de fuerte influencia en la justicia y las finanzas públicas refuerza la sospecha de una estructura que, más allá de las denuncias públicas, mantiene un perfil discreto pero poderoso en la política provincial.
Este escenario se enmarca en un contexto de creciente atención por movimientos políticos y judiciales en Río Negro, donde distintas investigaciones apuntan a la existencia de negocios ilícitos y favoritismos que complican la credibilidad del sistema institucional. La participación de personajes ligados al narcotráfico, a la explotación minera y a la política regional en estos hechos ilustra la complejidad de un entramado que requiere mayor escrutinio para garantizar transparencia y justicia.