El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ha cobrado protagonismo tras la revelación de su existencia por la jueza Katherine Polk en el Distrito Sur de Nueva York. Este asunto ha generado preocupación en los altos círculos del gobierno mexicano, especialmente en Palacio Nacional.
Informes indican que la administración de Donald Trump ha emitido un ultimátum a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para proceder con la extradición de Rocha, del senador Enrique Inzunza y de cinco individuos más, relacionados con el narcotráfico. Este se discute en el contexto de un crecimiento en las declaraciones de varios acusados que se han entregado a las autoridades estadounidenses, incluido el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Rocha, Gerardo Mérida.
Informes no confirmados sugieren que podría existir una segunda lista de acusados, que implicaría a Andy López Beltrán y al senador Adán Augusto López. Esta lista sería presentada después de que se resuelva la situación de Rocha y los otros identificados. El gobierno de Estados Unidos parece estar esperando hasta que la presidenta Sheinbaum tome una decisión sobre la extradición, lo que podría reavivar la presión sobre el gobierno mexicano.
Las acusaciones contra Andy López Beltrán, hijo del ex presidente López Obrador, han sido calificadas como un secreto a voces en la Corte de Nueva York. Ellas incluyen una serie de pruebas vinculadas a rutas utilizadas para el huachicol que han causado pérdidas significativas tanto al gobierno mexicano como al estadounidense.
Con la estrategia política de Andy López Beltrán orientada a buscar una diputación federal para 2027, el tiempo juega un papel fundamental. Las autoridades de Estados Unidos quizás aceleren el proceso de extradición antes de septiembre, lo que generaría un impacto significativo en la política mexicana.
Con información de indicecorporativo.com