La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial inició una revisión que derivó en la suspensión provisional de un juez de distrito, vinculado a polémicas decisiones que facilitaron liberaciones de delincuentes y, según la gobernadora, un incremento en la violencia en Colima.
En un paso sin precedentes, la Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial tomó la decisión de suspender temporalmente a un juez en Colima, apenas cuatro días después de su instalación. La medida se derivó de irregularidades detectadas en la conducción de procedimientos abreviados, donde se evidenció un comportamiento que superó los límites de la legalidad al reducir penas y conceder beneficios condicionales en casos relacionados con portación y posesión de armas y droga. Estas acciones, que contravienen las normas establecidas, fueron rectificadas por los tribunales de alzada, quienes señalaron la ilegalidad de los actos.
Este hecho adquiere relevancia debido a que, durante una conferencia presidencial, la mandataria Claudia Sheinbaum mencionó al juzgador sin identificarlo por nombre, acusándolo de posibilitar la liberación de delincuentes que contribuyeron al aumento de la violencia, particularmente en materia de homicidios. La misma presidenta reforzó que se enviaron comunicaciones formales a la Corte y al Tribunal de Disciplina, señalando la necesidad de una investigación pronta y transparente.
Desde su creación en octubre, la Comisión ha sido destinada a esclarecer las quejas y denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial Federal y Waits de responsabilidad administrativa. Presidida por Bernardo Bátiz, exprocurador de Justicia, su rol es fundamental para fortalecer la ética judicial y garantizar la integridad en los procedimientos judiciales. La suspensión provisional busca evitar la posible destrucción de pruebas y que estas conductas sigan afectando la justicia y la seguridad pública. La polémica en Colima, que ya había sido señalada en informes previos, evidencia la urgencia de revisar y perfeccionar procedimientos para evitar que fallos judiciales contribuyan a la inseguridad.