Cuernavaca, Morelos. – Concesionarios del transporte público en Morelos han reactivado su demanda de un aumento de cinco pesos a la tarifa del pasaje, proyectando su aplicación para 2026. Esta solicitud se presenta en un contexto de negativas por parte del Gobierno estatal, que condiciona cualquier ajuste a la renovación del parque vehicular y advierte con sanciones, incluyendo el retiro de concesiones, ante posibles bloqueos o paros de servicio.
El sector transportista argumenta que no ha habido un ajuste tarifario en aproximadamente cinco años, a pesar del incremento constante en los costos operativos y la inflación. Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación del Transporte, señaló que la falta de actualizaciones conforme a la inflación ha acumulado un impacto económico que actualmente resulta insostenible para el gremio. El dirigente destacó el precio del combustible como uno de los gastos más volátiles e impactantes para la operación diaria de las unidades.
Rivera Jaimes recordó que la discusión sobre el ajuste tarifario quedó pendiente desde la administración anterior, que prometió un estudio técnico que hasta la fecha no se ha concretado. Recientemente, sostuvieron un encuentro con la gobernadora Margarita González Saravia, en el que, a pesar de la postura gubernamental en contra del aumento, se acordó mantener abierto el diálogo. El sector transportista ha expresado disposición a negociar la cantidad del incremento y ha solicitado al gobierno explorar esquemas alternativos de apoyo si la tarifa no es autorizada.
Por su parte, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barreda Toledo, reiteró la postura gubernamental de no ceder ante presiones y advirtió sobre la aplicación de sanciones legales, como el retiro de concesiones, para quienes recurran a paros o bloqueos. Barreda Toledo afirmó que condicionar el servicio a un ajuste tarifario es un uso indebido de las concesiones. Sin embargo, también informó sobre la instalación de una mesa técnica para analizar propuestas, incluyendo la definición de una tarifa técnica, la implementación de subsidios para grupos vulnerables y medidas para la transición a un nuevo modelo de transporte.
La discusión ha generado oposición por parte de organizaciones de la sociedad civil y la comunidad estudiantil. El Frente contra el Alza a la Tarifa Mínima del Transporte ha solicitado una consulta ciudadana y propuesto que el gobierno asuma experimentalmente la operación de rutas estratégicas. La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) rechazó el posible aumento, argumentando que encarecería el acceso a la educación y afectaría a miles de estudiantes, especialmente a los de menores ingresos.