La decisión establece que las agresiones en la escuela deben abordarse con perspectiva de infancia, reforzando el derechos de las niñas y niños a un entorno seguro.
En una resolución histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado formalmente que el bullying constituye una forma de violencia que debe ser atendida con prioridad por las instituciones públicas. La decisión se produjo tras un recurso presentado por la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, en respuesta a un caso en el que una madre denunció agresiones y burlas contra su hijo en la escuela. Aunque tribunales anteriores consideraron que el asunto había prescrito o que no se acreditaba el acoso, la SCJN estableció que las agresiones de cualquier tipo—físicas, verbales o psicológicas—requieren un análisis profundo con un enfoque de protección integral, siguiendo estándares internacionales y principios de derechos humanos.
Este fallo refuerza la obligación del Estado de aplicar el interés superior de la niñez y reconocer que el acoso escolar no es simplemente un juego, sino una vulneración que afecta el desarrollo emocional y social de los menores. La sentencia también concreta que las autoridades deben actuar con mayor diligencia, sin limitarse a criterios tradicionales, promoviendo entornos educativos seguros y libres de violencia, en línea con la necesidad global de proteger a las infancias en todos los ámbitos.
El caso de Guanajuato cobra especial relevancia al establecer un criterio nacional, señalando que el bullying es una problemática que requiere atención urgente y consistente. La directora de la Procuraduría, Tere Palomino Ramos, destacó que esta resolución impulsa una mayor sensibilidad institucional y ratifica el compromiso de que la protección de los derechos de los niños sea una prioridad en la política pública del país. Además, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reafirmó que las políticas públicas deben centrarse en garantizar entornos escolares seguros y respetuosos.
En un contexto donde la violencia escolar ha sido un desafío persistente en México, esta decisión sienta un precedente que obliga a todo el sistema educativo y de justicia a responder con mayor eficacia ante casos de acoso, asegurando el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes.