La resolución estableció que las empresas deben cubrir aportaciones pendientes incluso tras la terminación de la relación laboral, fortaleciendo derechos de vivienda.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que garantiza que los empleadores sean responsables de pagar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en caso de incumplimiento durante la relación laboral. La decisión, avalada por voto unánime, surgió a raíz de una contradicción de tesis y entró en vigor en agosto de 2022, siendo de cumplimiento obligatorio para las autoridades laborales en todo el país.
Este criterio establece que cuando un trabajador pueda demostrar que su patrón no realizó las aportaciones correspondientes o las omitió en su totalidad, las instituciones responsables deberán exigir al empleador la acreditación de esos pagos, incluyendo actualizaciones e intereses legales. La Corte reafirmó que el derecho a la vivienda, que se nutre de las aportaciones al Infonavit, permanece vigente incluso después de que finaliza la relación laboral, considerándolo un derecho adquirido.
Dado que el acceso a una vivienda digna es un asunto prioritario para la seguridad social y la justicia laboral, esta resolución representa un avance para quienes hayan visto vulnerados sus derechos de aportación durante su empleo. La medida cobra relevancia especialmente en los casos en los que las empresas no hayan inscrito a sus empleados en el sistema o hayan omitido pagos por períodos específicos, ya que obliga a los empleadores a regularizar dichas omisiones incluso una vez terminada la relación laboral.
Este fallo refuerza la protección de los derechos de los trabajadores en materia de vivienda, promoviendo una mayor responsabilidad por parte de los empleadores y asegurando que las aportaciones pendientes sean cubiertas en beneficio de los derechos adquiridos por los trabajadores.