Con amplia mayoría, el Senado acelera la aprobación de cambios en la Ley de Amparo, enfrentando críticas sobre la retroactividad y derechos de los ciudadanos.
El Congreso mexicano ha aprobado modificaciones a la Ley de Amparo mediante un proceso acelerado que eliminó el debate en comisiones y se centró en la discusión en el pleno legislativo. La decisión contó con 81 votos a favor, principalmente de legisladores de Morena, PT y PVEM, frente a 31 en contra de la oposición. Entre los cambios destacados está la eliminación de la discusión sobre ciertos artículos transitorios y la incorporación de disposiciones que clarifican la aplicación de las etapas procesales, garantizando que las actuaciones futuras no afectarán derechos adquiridos ni tendrán efectos retroactivos. Estas reformas buscan fortalecer el marco jurídico del juicio de amparo, una figura central en la protección de derechos constitucionales en México. La reforma también modifica el artículo 128 para sustituir el concepto de “interés público” por “disposiciones de orden público”, con la finalidad de evitar interpretaciones ambiguas y proteger la naturaleza garantista del proceso. Sin embargo, la oposición ha manifestado preocupaciones sobre la posible afectación de derechos constitucionales, destacando que algunos artículos podrían vulnerar principios de seguridad jurídica y retroactividad. Además, algunos legisladores trabajan en acciones legales, incluyendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte, para impugnar las reformas, evidenciando el debate sobre la constitucionalidad y el impacto de estos cambios en la protección de derechos. El avance legislativo refleja una tendencia en la reforma judicial del país, en busca de un equilibrio entre eficiencia procesal y garantías constitucionales, en un contexto de discusión sobre la importancia de mantener un sistema de justicia que respete los derechos fundamentales y las reglas del estado de derecho.