Ciudad de México. – Un reciente posicionamiento legal ha surgido en relación con la facultad del Senado para citar a gobernadores o fiscales estatales sobre operativos de seguridad dirigidos por fuerzas federales. Este documento argumenta que, dado que las acciones involucran al Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad recae principalmente en las autoridades federales.
El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos especifica las facultades del Senado, excluyendo la posibilidad de requerir la comparecencia de autoridades estatales. Solo se permite convocar a Secretarios de Estado y titulares de órganos autónomos federales para que rendan informes, invalidando así el control político sobre gobiernos estatales.
Los operativos coordinados con el Ejército y la Guardia Nacional son de competencia federal, ya que estas fuerzas pertenecen al Ejecutivo Federal. La estrategia de seguridad pública a nivel nacional y las disposiciones en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que cualquier requerimiento de información debe dirigirse a autoridades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República.
Citar a un gobernador o fiscal estatal por acciones que son esencialmente federales podría poner en riesgo el principio del pacto federal. Este pacto exige que la Federación mantenga la conducción de la política de seguridad nacional, mientras que los estados tienen un papel de colaboración, pero no de dirección sobre operativos federales.
El Senado debe actuar dentro de los límites constitucionales en su función de control político. En el ámbito de la seguridad y el narcotráfico, los operativos que involucran fuerzas federales no deben involucrar a autoridades estatales en su rendición de cuentas. Por lo tanto, cualquier requerimiento de información debe dirigirse a las instituciones federales competentes.