Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Un reciente posicionamiento en redes sociales pone en tela de juicio la capacidad del Senado para convocar a gobernadores o fiscales estatales en relación con operativos de seguridad que involucran a fuerzas federales, como el Ejército y la Guardia Nacional. Este asunto ha generado un intenso debate sobre la división de responsabilidades en materia de seguridad.
El documento señala que ya que estos operativos están coordinados a nivel federal, cualquier requerimiento de información debería ser dirigido a las autoridades del gobierno federal. El artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Senado no tiene la facultad de citar a autoridades estatales, mientras que el artículo 93 confiere la facultad de convocar solo a funcionarios federales para responder ante el Congreso.
Cuando la investigación se relaciona con acciones del Ejército y la Guardia Nacional, la responsabilidad es enteramente federal. Las fuerzas armadas operan bajo directrices del Ejecutivo Federal y son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, el narcotráfico es un delito federal, regulado por la legislación aplicable que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).
Invocar la presencia de un Gobernador o Fiscal estatal para abordar operativos federales podría violar el pacto federal y el principio de soberanía local de las entidades federativas. La colaboración de los estados en seguridad se da en el marco de la política nacional, pero sin comprometer su autonomía en decisiones federales.
En conclusión, los operativos de seguridad que implican a fuerzas federales deben ser discutidos con los mandos correspondientes de las instituciones federales. El Senado debe mantener el equilibrio en el ejercicio de sus funciones, asegurando que las citaciones a autoridades se realicen en el marco de sus competencias constitucionales.