La implementación de seguros para vehículos refleja esfuerzos por fortalecer la seguridad vial y proteger a víctimas, aunque aún enfrenta desafíos y baja penetración en el país. En México, la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para vehículos automotores forma parte de una política de fortalecer la seguridad vial que se remonta a 2014. Desde entonces, diversos estados han ido adoptando normativas que buscan garantizar que los conductores dispongan de una cobertura mínima para daños a terceros en bienes y personas, en un esfuerzo por reducir el impacto social y económico de los accidentes de tránsito. Sin embargo, la implementación de esta medida ha sido desigual: mientras algunos estados como el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México avanzaron en la adopción de estas normativas, otros, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, aún no la contemplan en su legislación local. La baja penetración del seguro en el país, con solo el 32% de los vehículos asegurados en 2023, evidencia la necesidad de promover un mayor acceso y cultura de protección. Países con esquemas exitosos en la materia han mostrado que la regulación efectiva y la supervisión son clave para ampliar la cobertura y garantizar la protección social en accidentes de tránsito. Además, establecer coberturas uniformes y mecanismos de control puede facilitar la portabilidad del seguro, reducir fraudes y mejorar la atención a víctimas. La incorporación del seguro obligatorio también presenta riesgos sociales si no se garantiza su accesibilidad a todos los sectores. Por ello, el diseño de productos simplificados, microseguros y un sistema de supervisión robusto resultan imprescindibles para cumplir con el objetivo de proteger a la población y reducir costos para el Estado en casos de siniestros vehiculares. La consolidación de un registro nacional compartido facilitará la gestión de siniestros y la transparencia en el sector asegurador. Este avance en la regulación repre
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