El conocimiento de vínculos del presunto narco Fred Machado en Río Negro data desde 2011, en medio de polémicas declaraciones del economista Espert.
Durante más de una década, existe constancia en Río Negro sobre las conexiones del empresario Fred Machado con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Esta información ya era conocida en la provincia mucho antes de que el economista José Luis Espert afirmara desconocer la peligrosidad del origen de la fortuna de Machado, quien sería un presunto narco.
En 2011, un medio local publicó un reportaje que vinculaba a Machado con uno de los casos más resonantes del momento: la detención en España de los hermanos Ricardo y Gustavo Juliá, acusados de transportar una tonelada de cocaína en un avión alquilado a una firma relacionada con Machado. La publicación detallaba cómo Machado, a través de su aerolínea South Aviation, realizaba transacciones bancarias que, según los investigadores, servían para encubrir operaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Además, existen antecedentes que muestran la presencia de familiares y asociados de Machado en actividades de explotación de recursos naturales, como la silice, en el norte de Río Negro, vínculos que también despiertan suspicacias sobre el origen de sus fortunas. En particular, su primo, Claudio Ciccarelli, figura en la política provincial, con aportes económicos y empresariales que generan cuestionamientos sobre la influencia de fondos de procedencia sospechosa en la economía local.
El caso se agrava con la evidencia de que algunos de estos actores ostentan conexiones políticas y empresariales en Río Negro, y en ciertos casos, utilizan vínculos familiares con figuras del aparato estatal para sostener sus negocios. La cercanía con políticos y la presencia en organismos legislativos refuerzan la percepción de una red de complicidades que trasciende el ámbito del crimen organizado.
Este escenario evidencia que la problemática de los vínculos entre poder político, negocios y crimen organizado en Río Negro es más profunda de lo que algunos intentan minimizr, y pone en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control en los vínculos empresariales y políticos en la región. La información pública y las investigaciones judiciales refuerzan la importancia de mantener una vigilancia activa sobre estos casos para garantizar la integridad de las instituciones.