La salida del director de Investigación Aduanera se da tras señalamientos y la cancelación de su visa en Estados Unidos, en un contexto de revisión administrativa y combate a la corrupción.
A principios de diciembre de 2025, Alex Tonatiuh Márquez Hernández dejó su cargo como director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La decisión fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina, aclarando que se trata de una determinación del propio funcionario en medio de señalamientos públicos recientes. Aunque no existe una acusación formal ni proceso judicial en su contra, su salida ocurre en el contexto de la cancelación de su visa estadounidense, fundamentada en la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Esta medida administrativa generó distintas interpretaciones, vinculándose con acusaciones relacionadas con irregularidades en materia de huachicol fiscal, las cuales Márquez Hernández ha negado. La autoridad mexica se mantiene firme en su política de cero tolerancia a la corrupción, y cualquier denuncia sustentada será investigada sin excepción. La separación del cargo de Márquez Hernández refleja el compromiso del gobierno federal de mantener transparencia y responsabilidad en los procedimientos aduaneros, en un momento en que la lucha contra las actividades ilícitas en el comercio exterior es prioritaria para el país.
Es importante contextualizar que las autoridades mexicanas cuentan con mecanismos robustos para revisar y sancionar a funcionarios que puedan estar involucrados en conductas irregulares, especialmente en sectores tan sensibles como el aduanero, clave para la economía y la seguridad nacional. La reciente salida del director general se inscribe en esta estrategia de fortalecimiento institucional, buscando recuperar la confianza en los procesos internos y en la gestión gubernamental.
La relevancia de este caso radica en que muestra cómo las políticas de combate a la corrupción y la cooperación internacional continúan siendo eje central en la administración pública mexicana, ante las crecientes presiones externas y la necesidad de transparencia en los procesos oficiales.