La legislación busca fortalecer la supervisión aduanera y frenar el contrabando, con modificaciones que garantizan mayor certeza y protección a agentes aduanales.
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que modifica diversos aspectos de la Ley Aduanera con el objetivo de mejorar la regulación y control en las operaciones aduaneras del país. Entre los cambios destacados, se establece que las patentes de agentes aduanales tendrán una duración de 20 años, prorrogables por igual período, en contraste con los 10 años propuestos originalmente por el Ejecutivo y las condiciones actuales de vigencia vitalicia. Esta medida busca brindar certidumbre a los agentes que han invertido en infraestructura y capacitación, fomentando un entorno más estable para sus operaciones.
Además, la reforma contempla un incremento en el plazo para la certificación de los agentes aduanales, pasando de dos a tres años, y la posibilidad de que estos tengan garantías crediticias mediante cartas de crédito emitidas por instituciones financieras autorizadas. Para garantizar mayor transparencia, se crea un Consejo Aduanero integrado por dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Anticorrupción, que participará en la evaluación y autorización de las patentes, además de establecer requisitos para ejercer en el sector, como la no ser servidor público y presentar informes de antecedentes patrimoniales.
Las enmiendas buscan fortalecer la vigilancia en las operaciones aduaneras y asegurar que los agentes cumplan con sus responsabilidades, en un contexto donde la corrupción y el contrabando, particularmente en el ingreso de combustibles sin pago de impuestos, continúan siendo desafíos significativos. Los críticos, en especial del partido opositor, señalaron que la reforma no modifica las rutas del contrabando del huachicol fiscal, y que la problemática principal reside en la corrupción en las autoridades marítimas y aduaneras responsables de prevenir estos delitos.
Históricamente, el país ha enfrentado la histórica problemática del contrabando y la evasión fiscal, en particular en el sector energético, considerado un problema estructural que requiere vigilancia constante y mejora en los mecanismos regulatorios. La integración de nuevos órganos de supervisión y la ampliación de los plazos para las patentes son pasos importantes en esa dirección, aunque algunos legisladores consideran que no abordan en su totalidad las raíces del problema.