Las últimas reformas electorales aprobadas en México han generado inquietudes debido a su naturaleza apresurada y superficial. Cambios como la creación de una comisión para verificar candidatos con vínculos criminales se perciben como medidas más simbólicas que efectivas, trasladando la responsabilidad de evaluación de la legitimidad política a instancias que carecen de la autoridad necesaria, como las autoridades electorales.
Adicionalmente, se propone la posibilidad de anular elecciones por supuestas “injerencias extranjeras”, un aspecto que podría ser explotado para descalificar triunfos de la oposición. Esta situación se complica con la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral, que están bajo influencia del régimen actual.
El contraste en el tratamiento de las gobernaturas de Chihuahua y Sinaloa muestra un claro favoritismo del régimen. Mientras se defienden abiertamente a Rubén Rocha Moya, enfrentado a cargos en Estados Unidos, se aplica una fuerte presión estatal sobre la opositora Maru Campos, quien ha enfrentado citatorios y amenazas de juicio político. Este doble rasero en la política revela una preocupación sobre la integridad del proceso electoral.
Aprovechando estas circunstancias, el Partido Acción Nacional (PAN) ha intentado posicionarse como el actor que efectivamente combate al crimen organizado. Recientemente, se llevaron a cabo dos manifestaciones: una en apoyo a Maru Campos con figuras del partido y expresidentes, y otra celebrando los dos años del triunfo del actual gobierno. La presidenta de la República, al dirigirse a sus seguidores, intensificó su retórica contra Estados Unidos, aunque contradiciéndose al tratar de separar las críticas hacia el país vecino de la figura de Donald Trump.
Con información de politica.expansion.mx