El Congreso modificó la ley para limitar recursos judiciales, impactando sectores como energía, minería y telecomunicaciones, en medio de debates y preocupaciones.
La Cámara de Diputados realizó la aprobación definitiva de una reforma a la Ley de Amparo en una sesión que duró más de 14 horas. La modificación elimina el artículo transitorio que establecía la retroactividad de la ley, buscando fortalecer la protección constitucional mediante la limitación del uso de recursos judiciales. La iniciativa formó parte de un contexto de discusión sobre la regulación de los recursos legales disponibles en casos de controversias administrativas y judiciales. La reforma busca restringir la suspensión de permisos, permisos y concesiones otorgando mayor certidumbre en las decisiones administrativas y judiciales, en línea con una tendencia de reducir la impugnabilidad en casos de resoluciones firmes. La propuesta, promovida por el gobierno federal, pretende brindar mayor control en procedimientos administrativos, aunque ha generado rechazo por parte de algunos sectores económicos y judiciales, que temen afectaciones en la inversión y en la protección de derechos. La discusión en lo particular, con más de 300 reservas presentadas, continuará en la Cámara de Diputados, donde se evalúan detalles específicos de la regulación. La reforma convencional en su conjunto busca equilibrar el interés público con la seguridad jurídica, en un marco de mayor eficiencia y previsibilidad en la justicia administrativa.