La Secretaría de Energía establece un nuevo esquema que prioriza las necesidades del país para asignar proyectos renovables y fortalecer el sector energético nacional.
En un cambio significativo en la política energética, el gobierno mexicano ha implementado un sistema en el cual la planificación estatal orienta directamente los proyectos de inversión privada en el sector eléctrico. Este nuevo modelo busca que la asignación de recursos y permisos se realice en función de las necesidades nacionales, determinando en qué regiones se requiere mayor generación de energía y dónde existe capacidad de conexión a la red. La estrategia responde a problemas previos relacionados con solicitudes de permisos en zonas sin posibilidades reales de interconexión, lo que generaba conflictos y retrasos en proyectos renovables. Además, ahora se exige que las instalaciones de energía limpia incorporen baterías, garantizando mayor estabilidad y suministro adicional en momentos críticos. La iniciativa ha sido bien valorada por inversionistas dado que proporciona mayor certeza técnica y jurídica, promoviendo un sector energético más ordenado y sustentable. Actualmente, se avanza en la regularización de contratos de autoabasto, permitiendo que empresas como Cox Energy se ajusten a los nuevos marcos regulatorios para seguir operando legalmente en el país. La reforma responde a una visión de complementariedad entre inversión privada y planificación pública, fortaleciendo la seguridad energética del país.