El nuevo dictamen establece un registro oficial de accesos y refuerza los derechos de tránsito en playas mexicanas, beneficiando a turistas y comunidades.
En una medida que busca preservar el patrimonio natural y garantizar derechos fundamentales, se aprobó una reforma legal que refuerza el acceso libre y público a las playas mexicanas. La iniciativa, impulsada por legisladores y respaldada por los compromisos presidenciales, establece la creación de un Registro Nacional de Accesos a Playas, gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los municipios. Este registro tiene como finalidad identificar, señalizar y asegurar que todos los accesos desde vías públicas sean seguros y permanentes.
Además, la legislación prohíbe la imposición de cobros, cuotas o condiciones restrictivas para ingresar a las playas federales, exceptuando únicamente casos relacionados con la protección ambiental o la seguridad pública. La reforma también obliga a los gobiernos locales a inscribir los accesos en catastros públicos, con el objetivo de prevenir bloqueos ilegales durante compraventas o cambios en terrenos colindantes.
Históricamente, sectores turísticos en regiones como Quintana Roo, Guerrero, Baja California Sur y Sonora han registrado dificultades para garantizar el libre acceso a sus playas. La nueva normativa busca revertir dichas prácticas y reforzar la protección de un derecho universal: el de transitar libremente y disfrutar del medio ambiente en condiciones equitativas. La iniciativa ahora será analizada por el Senado para su aprobación definitiva, marcando un paso importante hacia la protección del patrimonio natural y el derechos ciudadano en el país.