Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son fundamentales en el tejido empresarial español y motor de la economía. Sin embargo, la creación y expansión de estas iniciativas se ve obstaculizada por procedimientos burocráticos complejos y normativas complicadas, como indica un estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Aunque ha habido avances, establecer una empresa en España sigue siendo un proceso complejo y prolongado, que requiere permisos de distintas administraciones. Esta situación se extiende a las fases de consolidación y crecimiento, donde las pymes enfrentan un entorno económico ya de por sí difícil debido al estancamiento de la productividad y el aumento de costos.
El contexto actual también se ve afectado por la alta presión fiscal, que ubica a España entre los países con mayor carga tributaria en la Unión Europea. Además, las pymes enfrentan dificultades para acceder a financiamiento en condiciones favorables, limitando así su capacidad de expansión y transformación digital. Este entorno se complica más al alcanzar ciertos umbrales de tamaño, lo que las somete a nuevas obligaciones laborales y fiscales.
La fragmentación y complejidad de la normativa afectan la participación de las pymes en la contratación pública, obstaculizando su crecimiento. Al enfrentar requisitos desproporcionados, muchas optan por no participar en estos procesos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las pequeñas empresas representan el 99,8% del total empresarial en España, pero muchas limitan su propio crecimiento ante la carga regulatoria.
La Cámara de Comercio de España defiende un cambio hacia un entorno que no penalice el crecimiento, abordando las barreras administrativas que enfrentan las pymes. Es vital implementar un principio de proporcionalidad que ajuste las exigencias a la realidad de cada empresa, promoviendo así un desarrollo empresarial más fluido.
Con información de abc.es