Diversas organizaciones civiles están en marcha para exigir acciones contra la creciente problemática; la Fiscalía realiza esfuerzos de identificación.
Puebla enfrenta en los últimos años un incremento sostenido en los casos de desaparición de personas, reflejando una problemática que preocupa a la sociedad y las autoridades. Datos recientes señalan que, en 2024, el número de desapariciones en la entidad se duplicó con respecto al año anterior, alcanzando un incremento del 102 por ciento, según un informe que analiza las tendencias de este delito en el estado. La Fiscalía General del Estado ha reportado que durante el primer semestre del año se abrieron más de mil casos, evidenciando una mayor preocupación por la seguridad de menores y adultos por igual.
A esta problemática se suman las movilizaciones de colectivos civiles y familiares, quienes este sábado realizaron diversas marchas en diferentes puntos de Puebla en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Estas acciones buscan crear conciencia pública y presionar a las autoridades para reforzar las acciones de búsqueda y atención a los desaparecidos.
En el ámbito de los avances, la Fiscalía local, en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, ha implementado tecnología biométrica que ha permitido identificar a varias víctimas. Hasta principios de agosto, 38 familias lograron localizar a sus seres queridos gracias a la incorporación de escáneres dactilares y una base de datos actualizada, además de la difusión de los rostros en plataformas digitales para agilizar las búsquedas. Sin embargo, la cantidad de personas aún en buscativa y los cuerpos no identificados sigue siendo significativa, evidenciando la necesidad de acciones coordinadas y sostenidas.
Este escenario refleja la importancia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, protección y apoyo a las víctimas y sus familias, así como mantener la presión social y política para atender eficazmente esta problemática. La situación en Puebla, con su creciente número de casos y movilizaciones sociales, pone sobre la mesa la urgencia de acciones concretas en materia de derechos humanos.