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Congreso de Puebla aprueba reformas para integrar el Cablebús a la ley de transporte

La reforma aprobada en Puebla regula la operación del Cablebús, conectando zonas clave y asegurando control y tarifa mediante normativa legal.

Por Redacción1 min de lectura
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La modificación legal permitirá regular y controlar la operación del sistema de transporte por cable en la entidad, fortaleciendo su planificación y financiamiento.

El Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma que incorpora formalmente el sistema de transporte por cable, conocido como Cablebús, en la legislación local de transporte. Esta modificación permite a la Secretaría de Movilidad y Transporte emitir los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para la regulación y operación del nuevo sistema, buscando garantizar su correcta implementación y supervisión. La tarifa del Cablebús será determinada por la dependencia, basada en análisis técnicos, y cualquier ajuste requerirá evaluación previa. Además, se contempla la posibilidad de concesionar a un tercero la construcción y gestión del proyecto, que unirá la zona de La Resurrección con la zona de Angelópolis, contribuyendo a mejorar la movilidad en el área metropolitana. La inversión estimada para esta infraestructura es de más de mil quinientos millones de pesos, con una fecha prevista de conclusión de obra en octubre de 2029, a cargo de la empresa Doppelmayr México, reconocida por su experiencia en sistemas de transporte por cable. La primera piedra del proyecto será colocada en los próximos días en el marco del informe del gobernador Alejandro Armenta, fortaleciendo la visión de modernización del transporte público en Puebla.

Este avance legislativo forma parte de un plan estratégico del Estado para mejorar la movilidad urbana, reducir tiempos de traslado y promover soluciones sostenibles para las áreas metropolitanas. El Cablebús no solo busca ofrecer una alternativa eficiente, sino también integrar zonas marginadas y descongestionar las vías terrestres. La inclusión en la ley otorga certidumbre jurídica a la inversión y garantiza que el proyecto cuente con los mecanismos necesarios para su regulación efectiva.

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