Aunque se asignaron recursos para procesos democráticos, el gasto previsto para la organización de consulta popular fue reducido y no aparece en el paquete oficial.
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con un presupuesto consolidado que incluye gastos operativos, proyectos específicos, financiamiento a partidos políticos y un acuerdo especial para la realización de una consulta popular. La suma total de estos componentes supera los 25 mil millones de pesos, permitiendo cubrir las demandas de organización electoral y mecanismos de participación ciudadana previamente planificados.
A pesar de que en un año no electoral, el organismo proyectó cargas presupuestales importantes para preparar las elecciones federales y judiciales de 2027, la Secretaría de Hacienda recibió la propuesta del INE con un reconocimiento explícito: si la consulta popular no se realiza, los recursos destinados a ella serán devueltos. Sin embargo, en el paquete económico presentado, no se incluyó el presupuesto precautorio para esa actividad específica, lo que generó una reducción en los fondos aprobados, dejando de lado más de 3 mil millones de pesos aprobados por el Consejo General del INE.
Este hecho refleja una tendencia en el contexto político y fiscal actual, donde decisiones presupuestales relacionadas con mecanismos participativos como la consulta popular y la revocación de mandato enfrentan recortes y omisiones en los recursos asignados. La Secretaría de Hacienda también expresó su intención de fortalecer los instrumentos democráticos en el próximo año, aunque la falta de financiamiento para programas específicos podría limitar su alcance y efectividad. La diferencia entre los fondos aprobados y los recursos asignados pone en evidencia los desafíos presupuestales que enfrentan las instituciones encargadas de la organización electoral y la participación ciudadana en México.