La discusión del paquete económico incluye propuestas que incrementan facultades del gobierno en la fiscalización tributaria, generando debates sobre derechos y legalidad.
El Congreso de la Ciudad de México avanza en la revisión del Paquete Económico 2026, que incluye modificaciones al Código Fiscal del territorio. Entre las propuestas destaca la habilitación del Gobierno local para inscribir y actualizar registros de contribuyentes, además de determinar presuntivamente las contribuciones que estos deben pagar, con base en información federal y local. Estas facultades, que amplían el margen de acción de las autoridades fiscales, han generado controversia en el ámbito político.
Estas modificaciones buscan fortalecer la capacidad de vigilancia tributaria sin la necesidad de un acuerdo previo con el contribuyente, permitiendo identificar posibles evasiones relacionadas con patrimonio y ingresos, incluso en ausencia de declaraciones explícitas. La intención es optimizar la recaudación local, considerando que en 2026 se proyecta un gasto total cercano a 313.3 millones de pesos, equivalente a la cantidad reclamada en ingresos propios, con un incremento del 7.5% respecto a 2025.
La propuesta política ha sido objeto de debate, con opositores que califican estas medidas como un “terrorismo fiscal” y defensores que argumentan que la mayor recaudación permite financiar programas sociales, obras públicas y servicios básicos en la ciudad. Históricamente, las facultades tributarias en la Ciudad de México han estado reguladas y limitadas, por lo que estos cambios representan una ampliación significativa del rol del gobierno local en la fiscalización.
Este lunes 15 de diciembre, el Congreso analizará y votará los dictámenes del Presupuesto 2026, en una sesión que definirá el rumbo de la política fiscal de la capital para el próximo año, en un contexto de constante búsqueda de equilibrio entre eficiencia recaudatoria y derechos de los contribuyentes.
Complementariamente, estos cambios en la estructura de controles tributarios adquieren relevancia en un contexto nacional donde la evasión fiscal continúa siendo un problema de fondo para fortalecer el financiamiento público. La discusión en la Ciudad de México refleja un debate más amplio sobre las facultades autonómicas y la capacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos en una economía cada vez más digitalizada y fiscalmente compleja.