Ciudad, Estado. – A pesar de la desinformación en redes sociales, las plantas de biometano en España están bajo un marco regulatorio estricto que asegura su funcionamiento adecuado. Las afirmaciones de un “far west” legislativo son infundadas, dado el esfuerzo normativo en las últimas décadas.
El proceso de autorización ambiental integrada es clave en la regulación de estas instalaciones. Un grupo amplio de especialistas revisa el cumplimiento de múltiples normativas, lo que garantiza que las plantas se instalen y operen bajo condiciones que protegen tanto el medio ambiente como la salud pública.
Los residuos que manejan, como estiércol y purines, son regulados a nivel nacional y europeo. Normativas como el Real Decreto 1528/2012 y el Reglamento Europeo 2019/1009 establecen pautas claras sobre la gestión de estos subproductos, promoviendo un uso seguro y sostenible en la agricultura.
Además, la legislación vigente también protege los acuíferos. El Real Decreto 1514/2009 y el Real Decreto 665/2023 regulan las actividades de las plantas de biometano, asegurando medidas adecuadas contra su contaminación. Las Confederaciones Hidrográficas supervisan su cumplimiento para prevenir daños medioambientales.
Con este marco regulatorio, se busca proporcionar seguridad jurídica y fomentar la sostenibilidad en el sector del biometano, desmitificando así las ideas erróneas sobre su regulación y funcionamiento.