La autorización para operar vuelos con tripulación internacional genera controversia por posible afectación laboral y soberanía aérea en México.
Recientemente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó a la aerolínea Volaris a realizar 12 vuelos con pilotos procedentes de Malta y Lituania, una decisión que ha generado rechazo en el gremio aeronáutico mexicano. La concesión, vigente desde diciembre de 2023 hasta enero de 2024, fue solicitada por la compañía para hacer frente a trabajos de revisión en motores de algunos de sus aviones. Sin embargo, expertos y sindicatos opinan que esta medida contraviene la ley mexicana, la cual establece que las aerolíneas nacionales deben ser tripuladas por personal mexicano, garantizando así la soberanía y protección de los derechos laborales en el país.
Este movimiento ha sido criticado por el Sindicato de Pilotos Aviadores (ASPA) y el Colegio de Pilotos, quienes alertan que la contratación de tripulantes extranjeros no solo afecta los derechos laborales de los pilotos mexicanos, sino que también sienta un precedente peligroso para la industria aérea. Ambos organismos sostienen que Volaris dispone de suficiente personal nacional para cubrir sus operaciones, por lo que la contratación externa, especialmente de países con costos laborales menores, podría desplazar entre 100 y 120 empleos locales. Además, señalan que casos anteriores, como la autorización de Viva Aerobús en 2023, fueron considerados excepcionales y no deben sentar una tendencia.
Por su parte, analistas del sector advierten que el uso del arrendamiento de aeronaves con tripulación extranjera, conocido como “wet lease”, no justifica esta necesidad en un contexto que no presenta una emergencia real. La práctica podría abrir la puerta a futuras violaciones de la legislación aeronáutica nacional e incluso derivar en litigios que involucren a diferentes aerolíneas, lo que afectaría la estabilidad de la industria aérea mexicana. Sin respuesta pública por parte de Volaris, la polémica continúa creciendo en el ámbito regulatorio y laboral.