Ciudad de México. – El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una seria advertencia sobre la persistente impunidad estructural y el debilitamiento del Estado de derecho en México, circunstancias que posicionan al país como uno de los entornos más peligrosos en América Latina para quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente.
Un informe presentado durante el sexagésimo período de sesiones del Consejo detalla que las desapariciones forzadas, la violencia contra personas defensoras y la falta de investigaciones eficaces no son incidentes aislados, sino el resultado de fallas sistemáticas del aparato estatal. Estas fallas se ven agravadas por la presencia del crimen organizado y, en algunos casos, por la complicidad o aquiescencia de autoridades.
El documento subraya que México es uno de los países con mayor nivel de peligrosidad para los defensores del territorio, especialmente en áreas con intereses económicos ligados a proyectos extractivos, mineros o de control territorial. Además, se documenta la estigmatización y criminalización de estos defensores, quienes a menudo son señalados como opositores al desarrollo o vinculados falsamente con actividades ilícitas, una táctica para desacreditar su labor y justificar la represión.
La ONU ha documentado vínculos entre grupos del crimen organizado y autoridades estatales en entidades como Guerrero, que han resultado en desapariciones forzadas de defensores del territorio. El Estado mexicano ha fallado en garantizar investigaciones independientes y sanciones efectivas en estos casos.
Se hace mención específica de la desaparición forzada de los defensores Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, ocurrida en el contexto de su oposición a actividades mineras. El Grupo de Trabajo de la ONU señala que las autoridades omitieron investigar su labor como defensores ambientales como posible móvil del crimen, lo que refleja una falta de debida diligencia por parte del Estado.
El informe también advierte que empresas extranjeras, incluidas compañías europeas, se han visto involucradas en casos de desapariciones forzadas en México, particularmente en proyectos extractivos. La ONU recuerda a estas empresas su obligación de respetar los derechos humanos y de no beneficiarse de contextos de violencia o represión.
La preocupación de la ONU se extiende al aumento de la violencia contra los Pueblos Indígenas, quienes enfrentan un impacto desproporcionado al proteger sus recursos naturales. Esta violencia se desarrolla en un entorno de impunidad persistente, ausencia de consulta previa y criminalización sistemática de la defensa territorial.
En diversas regiones del país, el acceso para realizar labores de búsqueda de personas desaparecidas es